Tras el crudo ataque inicial, que tuvo por resultado desde víctimas fatales hasta miles de exonerados, se instituyó una gestión autoritaria, múltiples trabas burocráticas y una lógica mercantil de supervivencia que deterioró la infraestructura y causó una precariedad crónica en la disponibilidad de recursos internos. Durante los gobiernos postdictatoriales fue eliminada la designación autoritaria de "rectores delegados", pero los factores restantes perviven. Dada la carencia de recursos, las unidades académicas deben autofinanciarse, luego los docentes se han transformado en microempresarios a la caza permanente de financiamiento externo, lo que ha terminado por reducir a casi cero el debate en torno a problemas netamente universitarios, a pesar de que existe hoy libertad para efectuarlo. La dura lucha por la subsistencia ha hecho que la universidad deje de pensar colectivamente. Este es el resultado más nefasto del quiebre institucional de 1973 y de su larga secuela en la educación superior chilena.

La situación actual

En Chile hay 16 universidades estatales, (cuatro en Santiago - la U. de Chile, la U. de Santiago, la U. Metropolitana de Ciencias de la Educación y la U. Tecnológica Metropolitana - y doce en regiones, proveniendo estas últimas de las ex-sedes de la U. de Chile y de la U. Técnica del Estado, cercenadas de su matriz histórica en 1981), sin embargo debe tomarse en cuenta que el sistema terciario (es decir, el que acoge a los egresados de la educación secundaria o media) - que atiende a 340 mil estudiantes - consta además de 52 universidades privadas, 73 institutos profesionales y 127 centros de formación técnica.

En la actualidad las universidades estatales están en caída libre, como producto de los factores mencionados y de la desafortunada inercia con que los gobiernos posdictatoriales han tratado el tema. Este desplome no augura un desenlace inmediato. Ocurre en un medio viscoso, lleno de malabares administrativos e ínfimas componendas. Sin embargo, el diseño dictatorial sumado a la ineficiencia y falta de transparencia en la gestión de las universidades y a la apatía de sus comunidades - que puntualmente ha sido rota por las demandas de funcionarios y académicos y, en especial, por la movilización de los estudiantes - configuran una indudable situación de crisis.

Como ejemplo de los graves efectos que tienen las limitaciones mencionadas, señalamos que una palanca fundamental de cualquier despegue universitario es la excelencia de su cuerpo docente, pero los bajos sueldos que la universidad paga le impiden contratar a los mejores egresados para iniciar una carrera académica, con lo que la edad promedio de los profesores ha ido creciendo y en varias universidades se acerca ya a los cincuenta y cinco años. Al mismo tiempo, algunos docentes que se ven forzados al autofinanciamiento de sus unidades académicas por medio de la prestación de servicios técnicos y asesorías pronto reparan en que no necesitan de la universidad para desarrollar esa labor y emigran a la empresa privada. De no haber cambios en el futuro cercano, llegará un momento en que estas tendencias generarán, por sí solas, un problema terminal.

En la ansiosa carrera por aumentar su ingreso, las universidades fiscales han caído en el mismo vicio que las privadas: la proliferación de carreras "de tiza y pizarrón" (es decir, que no requieren de laboratorios ni de otra infraestructura onerosa) haciendo caso omiso de las demandas reales del mercado laboral, con lo que se contribuye a la creación de una potencial masa de cesantes y a un grave deterioro en la confianza pública respecto de la universidad.

Las paupérrimas condiciones ofrecidas a los estudiantes - malas o pésimas salas de clases, salas de estudio, bibliotecas, servicios higiénicos; ausencia de sitios de descanso y recreación, etc. - hacen que un número creciente de jóvenes talentosos prefieran a las mejores universidades privadas. El curso actual de los acontecimientos apunta, en el mediano plazo, a la desaparición del sistema universitario estatal.

Para que ello ocurra basta con continuar la rutina. Gobiernos democráticos finalizarían, de esta manera, el trabajo sucio iniciado por la dictadura.

Es preciso detener y revertir esa caída libre. Hay que definir qué universidad queremos los chilenos y cuánto estamos dispuestos a invertir en ella, lo que implica un doble compromiso : uno de las universidades para con Chile y otro de Chile para con sus universidades.

La sombra de la complacencia

El discurso gubernamental en el Chile de hoy está fuertemente marcado por la autocomplacencia. Pareciera que, mientras la balanza de pagos, la inflación, el desempleo y el PIB apuntaran en la dirección correcta, no pudiera haber problemas graves en nuestra sociedad. No es el caso de la educación superior. Entre los argumentos gubernamentales a favor del sistema terciario actual (público y privado) se señalan los siguientes:

a) Si bien se reconoce que el Estado bajó su gasto en educación superior desde cifras superiores al 1% del PIB (alcanzadas entre los años 60 y 80) a un estable 0.5% en los últimos quince años, se afirma que hoy el aporte privado en educación superior es considerable, mientras que hasta 1980 era casi nulo. El nuevo aporte privado compensaría con creces la baja relativa en el aporte fiscal.

b) La existencia de una variedad de instituciones privadas habría generado una positiva diversidad en la oferta, ampliando ésta de manera significativa y emulando los sistemas diversificados que existen en casi todos los países desarrollados.

c) Lo que el país necesita es calidad del sistema terciario, sin importar si ella se encuentra en el sector público o privado. La calidad del sistema privado estaría garantizada por sistemas de acreditación y examinación ya establecidos.

Tales argumentos no deben quedar sin respuesta. No quisiéramos desconocer la existencia de algunas universidades privadas que se destacan por su compromiso con la excelencia, el libre debate o la extensión cultural, sin embargo, afirmamos que el discurso oficial ignora características negativas esenciales del sistema terciario actual. Junto a las que enumeraremos en la sección siguiente, cabe destacar:

1) El sistema diversificado de hoy es bueno para los sectores de altos ingresos y malo para el resto de la población. Abre opciones para quienes pueden pagar y condena a una educación de segunda o tercera clase a la mayoría de los jóvenes. Además, los préstamos universitarios otorgados a los estudiantes de menores recursos generan pesadas deudas, por lo que ellos ni siquiera postulan a las carreras de mayor costo. Ambas situaciones contribuyen a perpetuar la grave inequidad de que adolece la sociedad chilena.

2) El sistema terciario existente es hijo de la ideología que guió a la dictadura. Esa misma ideología se ha hecho fuerte en ciertas universidades privadas del presente que imponen a sus estudiantes la concepción doctrinaria de sus propietarios, haciendo caso omiso del pluralismo. Esta realidad tiende a eternizar las profundas divisiones sociales y políticas existentes en Chile.

3) Cabe también señalar el carácter subalterno de buena parte del sistema privado no tradicional. La mayoría de sus profesores tienen contrato por horas y muchos son docentes de tiempo completo o media jornada en universidades estatales; es en estas últimas donde ellos hacen investigación y realizan otras actividades de autodesarrollo y aporte creativo. En diversas ciudades las entidades privadas han surgido, pragmáticamente, en la cercanía de las estatales. Las universidades privadas que no hacen investigación (la gran mayoría) no contribuyen al desarrollo de personal académico ni a la preparación de profesionales capaces de generar nuevos conocimientos y tecnologías.

4) La calidad de la universidad no sólo estádada por la de sus docentes, sino también por la interacción prolongada y multifacética entre académicos y estudiantes, por la calidad de las actividades extracurriculares y del debate en torno a problemas de interés académico y público, tanto a nivel nacional como internacional. Los "profesores taxi", independientemente de su calidad profesional, no tienen tiempo para interactuar fuera de su hora de clases ni para hacer vida académica, luego la calidad de una universidad que se apoye fundamentalmente en ellos difícilmente podráser satisfactoria. Los sistemas de acreditación establecidos miden exclusivamente el nivel de conocimientos alcanzado por el estudiante e ignoran el resto de lo que la educación superior debe ofrecer a la formación integral de un joven.

5) La complacencia gubernamental fomenta la resignación ante aspectos del sistema respecto de los cuales no ha habido debate ni pronunciamiento ciudadano. No es efectivo que no haya alternativa al sistema terciario actual. Es posible cambiarlo cualitativamente, pero para ello se requiere de capacidad crítica y voluntad política para cuestionar un laissez faire que sólo conduce a la resolución de problemas de trascendencia limitada y en el corto plazo. Tanto las comunidades universitarias como la sociedad civil deberían involucrarse en este debate.

El discurso oficial lleva implícita una aceptación de la posible desaparición de la educación superior fiscal para ser reemplazada por entidades privadas. Sin embargo, estas últimas jamás podrían ser, en cuanto a su objetivo y propósito, equivalentes a las estatales: el antiguo y accidentado paradigma del compromiso con la equidad, el futuro, la participación, la diversidad y el pluralismo no sobreviviría a tal debacle. El país se vería irreversiblemente empobrecido en su capacidad cultural, así como en su capacidad de construir un proyecto nacional de largo plazo.

Los problemas centrales

Los problemas centrales del sistema terciario fiscal son:

a) Financiamiento estatal: Los países desarrollados, tales como los europeos, Japón y Canadá, financian a sus universidades públicas entre un 50 y un 100% de su presupuesto. En contraste y por ejemplo, la Universidad de Chile - que hasta 1981 recibía casi el 100% de su presupuesto de las arcas fiscales - recibe hoy sólo un 27% de sus ingresos de esa fuente. El Estado de Chile parece haber renunciado a su responsabilidad de garantizar el futuro de la enseñanza superior pública.

b) Inequidad: En el conjunto del sistema fiscal, el 61% de los estudiantes terciarios proviene de los sectores sociales altos, el 28% de los sectores medios y sólo el 11% de los sectores bajos, a pesar de que estos últimos representan un 45% de la población. El 80% de los estudiantes que ingresa a la Universidad de Chile proviene de colegios privados de élite, que cobijan a sólo un 9% de los estudiantes secundarios. Esto significa que el sistema educacional chileno está contribuyendo a ampliar el abismo entre los grupos privilegiados y desprivilegiados en nuestra sociedad. Súmese a esto que entre 30 y 50% de los estudiantes de bajos recursos que ingresan a las universidades del Estado fracasan "por motivos socioeconómicos". Estos hechos cuestionan gravemente las frecuentes declaraciones gubernamentales en favor de la equidad.

c) Deficiencias en la gestión: Círculos académicos han llamado la atención sobre la hipertrofia de la administración central de las universidades públicas y han denunciado que se gasta en ella una fracción desproporcionada del presupuesto sin que sea posible conocer exactamente en qué. Dado que las unidades académicas - que forman la base de la universidad - se autogestionan y enfrentan exigencias de autofinanciamiento, cabe preguntarse qué funciones esenciales cumple el aparato central. Abundan las demandas de participación, transparencia y descentralización administrativa en las universidades del Estado.

d) Enclaves autoritarios: En ciertas universidades estatales, la larga vigencia de las reglas de la dictadura generó grupos de poder que han exhibido una gama de recursos para mantener su control. Se corre el riesgo de que tales grupos se opongan a elevar el nivel de excelencia por temor a perder sus privilegios, conspirando así contra la supervivencia de sus propias casas de estudio.

e) Falta de compromiso gubernamental para con las universidades estatales : La falta de iniciativa gubernamental ante la crisis de la universidad pública pareciera indicar que algunos sectores de la coalición gobernante han dejado de creer en la educación superior pública como expresión de movilidad social, progreso y construcción de una visión de futuro.

Compromiso de las universidades con Chile

La relación entre el país y sus universidades fiscales debe basarse en un compromiso mutuo. Mejores y más modernas universidades requieren de mayores recursos, pero estos deben ser utilizados en beneficio nacional ?Qué compromiso espera Chile de su educación superior pública?

En primer lugar, un compromiso de excelencia. Todos los académicos de tiempo completo deben practicar la investigación y publicar los resultados de su trabajo. Para ello debe contratarse, con salarios competitivos, a docentes con calificaciones de nivel doctoral obtenidas en universidades de prestigio establecido y a académicos jóvenes a quienes se ofrezca posibilidades claras de desarrollo profesional. La calidad académica de todas las universidades del Estado debería ser evaluada por jurado internacional en forma periódica (por ejemplo, cada cinco años) de manera que la ciudadanía pudiera conocer los méritos de cada instituto superior y decidir su aporte en consecuencia.

En segundo lugar, un compromiso de no discriminación en el acceso, permanencia, promoción y obtención de los beneficios ofrecidos por la universidad a sus estudiantes, académicos y funcionarios. No debe discriminarse sobre la base de género, origen étnico, extracción social, orientación sexual, religión, doctrina, edad o discapacidad. Tanto los deberes como los derechos laborales de académicos y funcionarios deben quedar claramente establecidos y no depender de decisiones individuales de las autoridades.

En tercer lugar, un compromiso de participación. Docentes, estudiantes y funcionarios deben comprometerse con el desarrollo de su universidad, participando en el debate interno y en el proceso de toma de decisiones. El debate debe ser libre, generando hábitos democráticos y fomentando la convivencia en el pluralismo y la diversidad.

En cuarto lugar, un compromiso de eficiencia. Los recursos entregados a la universidad por el país deben ser empleados de manera juiciosa y productiva, eliminando todo gasto suntuario y optimizando su uso en la consecusión de objetivos declarados.

En quinto lugar, un compromiso de transparencia en la gestión. Las autoridades deben ser responsables ante sus comunidades y dar cuenta periódica de su desempeño, tanto académico como administrativo y financiero. Los procedimientos y decisiones, especialmente en lo referente a asignación de recursos, contrataciones, salarios, honorarios, promociones y despidos, deben ser públicos, sin secreto ni autoritarismo. En sexto lugar, un compromiso con el futuro del país. La universidad debe contribuir activa y permanentemente en la formulación y ejecución de planes de desarrollo regional y nacional, coordinando sus esfuerzos con los sectores estatal y privado. En particular, cabe a la universidad un esfuerzo continuo de reflexión crítica en torno a la realidad nacional, con convocatoria a toda la sociedad civil.

Como parte de su compromiso con el futuro, la universidad debe contribuir decisivamente a incrementar la equidad en la sociedad chilena. Los siguientes campos de acción le son propios:

- Formar profesionales con una visión profunda de la realidad socioeconómica nacional y con una sólida comprensión de los problemas éticos.

- Estudiar y contribuir a la resolución de los problemas más complejos del país - pobreza, marginación, discriminación de minorías, contaminación ambiental, desempleo crónico, delincuencia, drogadicción, violencia intrafamiliar - que constituyen fuentes o agravantes de la inequidad, por medio de un enfoque transdisciplinario, donde la universidad ponga en juego sus mejores recursos humanos y convoque nacional e internacionalmente.

- Proyectar su acervo cultural (artístico, educacional, tecnológico) hacia los sectores más afectados por la inequidad.

Compromiso de Chile con sus universidades

A su vez, el país debe contraer los siguientes compromisos con sus universidades públicas:

En primer lugar, un compromiso de financiamiento. El aporte fiscal directo (AFD) debe ser, al menos, un 50% del presupuesto de cada universidad estatal. Adicionalmente, el Estado debe crear fondos concursables para cada una de las funciones universitarias esenciales, como ya existen en ciencia y tecnología (especialmente programas FONDECYT y FONDEF). Estas áreas son: docencia superior, integración cultural (transdisciplinariedad), creación artística, reflexión filosófica, prestación de servicios y extensión. Las universidades deben competir en base a la calidad e impacto social de sus propuestas; sus logros en el terreno de la excelencia y la eficiencia deben constituir criterios de financiamiento estatal.

En segundo lugar, un compromiso de equidad en el acceso. Debe reestablecerse el arancel diferenciado (es decir, el pago de acuerdo al ingreso familiar del educando); además, el Estado debe ofrecer becas integrales - que permitan cubrir los gastos de arancel, alojamiento, alimentación, salud, vestuario, recreación e implementos escolares - a los jóvenes talentosos provenientes de los grupos sociales más desprivilegiados a objeto de que la universidad pública se coloque realmente al servicio de las mayorías y realice el potencial intelectual y creativo del país. Estas becas deben ir directamente al estudiante y no a las instituciones. No deben otorgarse en calidad de préstamo, sino en calidad de inversión nacional en la promoción de la equidad.

En tercer lugar, un compromiso de autonomía. Las universidades no deben depender de los vaivenes políticos nacionales expresados a nivel de gobierno, parlamento y municipio. Su estructura y funciones académicas deben ser resorte interno en el marco de sus leyes orgánicas. La universidad pública no debe estar sujeta a presiones ideológicas ni a intereses de grupos financieros o doctrinarios.

En cuarto lugar, un compromiso de integración nacional. El Estado debe ofrecer a la universidad mecanismos de coordinación con los sectores público y privado en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo nacional y regional. Ella debe ser reconocida como interlocutor válido en el debate público.

Proyecto Ley Marco de Universidades Estatales

El proyecto de Ley Marco sobre Universidades Estatales - propuesto en 1996 y que tuvo como origen la necesidad de racionalizar el estatus legal de esas universidades a partir del limitante marco jurídico heredado de la dictadura -, si bien ha generado un bienvenido debate, ha demostrado ser inadecuado. La razón es simple: constituyó un intento del gobierno por dar un grado de satisfacción a la inquietud de los rectores que, con razón, afirmaron que lo peor era continuar en las condiciones existentes. El Ministerio de Educación respondió con un proyecto que no resuelve los problemas fundamentales.

La Ley Marco no define las funciones del sistema terciario, no establece el compromiso del Estado, no propicia la excelencia académica, no demanda eficiencia ni transparencia en la gestión, no garantiza su democracia interna ni tampoco su autonomía. Hacia fines del año 1995, tanto círculos concertacionistas como las asociaciones de académicos, funcionarios y estudiantes habían formulado estas críticas. No es de extrañar que ante las movilizaciones estudiantiles de 1996 nadie haya salido en defensa del proyecto.

En pocas palabras, el proyecto de Ley Marco fue concebido en un contexto de resignación ante el gradual abandono de sus responsabilidades sociales que la derecha exige del Estado. En el transcurso del último año, la sociedad civil ha venido pronunciándose contra esta visión limitada y carente de audacia y valor político. Sin duda, las universidades estatales requieren de nuevos estatutos y de una relajación de los controles fiscales, pero lo más necesario - y sin lo cual toda solución será parche - es avanzar hacia una nueva política universitaria que valore y defienda al sistema público, dándole los recursos que necesita, generando las condiciones para su desarrollo y exigiendo de él un fuerte compromiso con el futuro del país.

Curiosamente, la acusación que con más frecuencia se ha hecho al proyecto constituye un malentendido: la Ley Marco, en sí misma, no es privatizadora. Son más bien la situación universitaria acumulada desde Septiembre de 1973 y su entorno sociopolítico actual los que apuntan al despeñadero. Por su parte, el frecuente "rechazo al cogobierno" en labios de voceros derechistas y gubernamentales conjura una amenaza inexistente, dado que ningún partido político ni ninguna federación universitaria lo está proponiendo. Hoy no se trata de la participación de estudiantes y funcionarios en la elección de las autoridaes académicas (que existió durante el período 1968-1973), sino de protagonismo responsable y constructivo de toda la comunidad universitaria en el debate y en sus organismos colegiados. Representantes de estudiantes y funcionarios deben tener derecho a voz y voto en los Consejos Superiores.

Hacia una nueva política universitaria

Chile tiene derecho a aspirar al desarrollo de un sistema universitario fiscal de la mayor calidad, que cumpla sus funciones teniendo en cuenta los intereses de las mayorías nacionales en los términos que ellas mismas articulen. La "torre de marfil" ha muerto. En la actualidad, la universidad no puede dejar de responder a los requerimientos sociales, sin embargo, el entorno sociopolítico hace que ella sea mucho más sensible a las necesidades - y vulnerable a los intereses - de minorías plutocráticas y poderes fácticos que a las necesidades e intereses de las mayorías. Entregada a los mecanismos del mercado, la universidad sólo responderá a conveniencias de corto plazo, que pueden no coincidir en absoluto con las necesidades futuras de la nación.

A los planteles estatales les corresponde pensar al Chile del futuro, adelantándose a acontecimientos que el mercado es incapaz de prever ni calibrar en su real trascendencia; les cabe también convertirse en el lugar geométrico nacional de la diversidad cultural, de la reflexión crítica y del debate libérrimo, sin limitarse a sus comunidades, sino convocando a toda la ciudadanía. La universidad estatal debe aspirar a ser el "foro sin fronteras" que ha sido anunciado para el siglo XXI.

Sabemos, por larga y presente experiencia, que las universidades privadas - cuyo desarrollo fue claramente privilegiado por la dictadura - no cumplen ni cumplirán este rol, sino más bien han tendido y tenderán, mayoritariamente, a imprimir su propio sello doctrinario e ideológico en sus egresados y a crear y reproducir una élite que ha demostrado poquísimo interés en un proyecto nacional incluyente, que cierre el creciente y vergonzoso abismo entre pobres y ricos que aqueja a Chile en el presente.

Por cierto, no todos los problemas pueden resolverse por ley ni por medios administrativos. En aquellas universidades donde sobreviven enclaves autoritarios y mecanismos de privilegio y exclusión, las fuerzas críticas de la realidad sociopolítica actual deben impulsar la acción de académicos, estudiantes y funcionarios a objeto de conquistar normas democráticas, participativas y transparentes en la gestión universitaria. Para ello, el rol del estudiantado seguirásiendo crucial y cabe señalar que, sin las movilizaciones estudiantiles iniciadas en 1996, no habría hoy ni siquiera una esperanza de superar la situación de las universidades públicas.

El presente articulo fue escrito en 1996, vale decir, antes de las grandes movilizaciones estudiantiles de Mayo-Junio de 1997 - acompañadas de tomas de locales -, que cambiaron considerablemente el panorama de las universidades estatales chilenas.

Como consecuencia, académicos y funcionarios, las autoridades de la universidad y altos dirigentes de los partidos de gobierno reconocieron la existencia de la grave crisis denunciada en este artículo, si bien la complacencia gubernamental no se vio esencialmente alterada.

Acto seguido, el acuerdo de resolución del conflicto en la Universidad de Chile determinó la realización de claustros triestamentales a nivel de departamento y facultad entre los meses de Septiembre y Noviembre de 1997 para culminar con un Encuentro Universitario Triestamental (160 delegados elegidos democráticamente) que tuvo lugar entre el 5 y el 20 de Enero de 1998. En estos claustros se debatió la totalidad de la problemática mas trascendente de la universidad, constituyendo así el torneo mas participativo y democrático que ha visto la Universidad de Chile en los últimos 25 años.

Los resultados de ese Encuentro se llevarán a referendum ante toda la comunidad de la Universidad de Chile en Abril de 1998. Cabe señalar que tanto la comisión central que organizó los claustros triestamentales (la CPI, Comisión de Proyecto Institucional) como el Encuentro Universitario tuvieron la ponderación que sigue: académicos 60%, estudiantes 30% y funcionarios 10%.

En las restantes universidades estatales se han estado realizando procesos similares al ocurrido en la Universidad de Chile. En un artículo futuro en Ciencia al Día, analizaremos los acontecimientos de 1997 y 98 y sus consecuencias para el futuro de la educación superior nacional.

Luis Cifuentes